La crisis de los derechos humanos en México se ha generado a partir de la ausencia del estado de derecho en varias regiones del país. La política de militarización y guerra iniciada en la pasada administración se ha extendido en la actual y se ha radicalizado ante la falta de compromisos claros por reforzar un sistema respetuoso de los derechos humanos. La elevada actividad, ausente de controles en el uso de la fuerza pública por parte de policías y militares, ha seguido generando abusos contra los derechos humanos. El gobierno ha vuelto a señalar que los principales responsables de la violencia son los grupos al servicio del crimen organizado, aseveración con la que elude la responsabilidad de sus agentes de seguridad. El reconocimiento constitucional de los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales y del principio propersona han sido puestos en riesgo a partir de que legisladores emanados del Partido Revolucionario Institucional presentaron, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, sus intentos de contrarreformas. La finalidad de esos retrocesos tiene precisamente como principal objetivo restringir la aplicación de los instrumentos internacionales más protectores de la persona. El diputado responsable de la primera iniciativa, Francisco Arroyo Vieyra, al atender al reclamo social de no legislar regresivamente, señaló que no defendería el proyecto que había presentado el pasado 3 de enero. Sin embargo, no lo desdijo ni lo retiró. Por su parte, la propuesta del senador Raúl Cervantes hecha el 5 de marzo pasado, al igual que la anterior, restringe la posibilidad de reconocer los derechos consagrados en los instrumentos internacionales en beneficio de las personas cuando sus garantías se antepongan a las reconocidas en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Sin embargo, y contrariamente a la apuesta de los legisladores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Silva Meza, señaló, frente a representantes del Internacional Crisis Group, que las recientes reformas en materia de derechos humanos y amparo buscan acabar con la impunidad y la inseguridad.

 

Es cierto, México es un país donde la impunidad e inseguridad son condiciones de vida que se acentúan en virtud de la falta de perspectivas de derechos humanos en la institucionalidad estatal. El respeto y garantía de derechos, el acceso a la justicia, el debido proceso, la no discriminación y la reparación del daño han estado ausentes en muchos casos de víctimas. Es este sistema de impunidad el que ha obligado a defensores y defensoras de derechos humanos a accionar sistemas judiciales alternos al mexicano, para encontrar en instancias supranacionales el resarcimiento de la dignidad humana.

 

Por ello, ante gestiones de la sociedad civil, el pasado 14 de marzo el gobierno mexicano fue convocado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos, para celebrar seis audiencias sobre el acceso a la justicia, y la garantía y justiciabilidad de los derechos humanos en el país. Los temas abordados fueron los casos denominados como “Digna Ochoa y otros” y “Mariana Selvas Gómez y otros”, así como los llamados “Derecho a la privacidad, víctimas de delitos y personas bajo responsabilidad del Ministerio Público”, “Prioridades en materia de derechos humanos y armonización legislativa en México”, “Situación general de derechos humanos en México”, y “Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas rarámuri y tepehuán en la Sierra Tarahumara de Chihuahua”.

 

En la audiencia relativa al caso “Digna Ochoa y otros”, las organizaciones civiles de derechos humanos solicitaron a la CIDH que dictara su admisibilidad, en virtud de haberse ya agotado las instancias en la justicia mexicana. El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) señaló que la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa fue realizada con sesgo y parcialidad, que al final resultó ineficaz. Como se sabe, la muerte de Digna Ochoa ocurrió, según la autoridad, por suicidio el 19 de octubre de 2001. Esto, no obstante que la familia ha reiterado que la defensora fue asesinada, al dejar entrever que el riesgo que se corre al defender los derechos humanos es la causa de su muerte.

 

Por los hechos ocurridos el 3 y el 4 de mayo de 2006 en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, en los que se registraron graves violaciones a los derechos humanos de personas por su derecho a ejercer la defensa de su tierra y la protesta social, 11 víctimas de tortura sexual (Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cueva Jaramillo) solicitaron también audiencia ante la CIDH. Durante el desarrollo de la misma se expusieron los hechos y agresiones de que fueron víctimas por parte de policías municipales, estatales y federales, así como por las omisiones del gobierno para investigarlas y hacerles justicia. En la misma sesión, la representación del gobierno mexicano a cargo de la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, declaró que el gobierno mexicano tiene “voluntad de reconocer las violaciones y ofrecer disculpas públicas a las agraviadas”. En tanto el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, pidió una “solución amistosa”. Al respecto, las denunciantes rechazaron tajantemente esa vía, porque de haber sido ésa la voluntad del gobierno, habría sido puesta en marcha desde el momento en que fueron denunciadas la agresión y las torturas, y se habría sancionado a los responsables de la vejación sexual. Las agresiones y torturas tanto físicas como sexuales, las violaciones al debido proceso y a la integridad personal, a la vida y al libre tránsito de hace 7 años en el caso Atenco, arrojaron 217 personas detenidas y con sujeción a procesos penales irregulares, dos muertos, 47 mujeres objeto de torturas sexuales y cinco extranjeros expulsados de México sin derecho a audiencia. La audiencia del 14 de marzo continuó con los temas de exhibición en medios de personas detenidas, arraigadas o víctimas de delito, que en términos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal viola en perjuicio de las personas sus derechos a la presunción de inocencia, a su honor y honra, y al nombre y la intimidad; es una práctica cruel, inhumana y degradante, con repercusiones sociales y laborales, principalmente porque anula la personalidad de la víctima. Al respecto, la representante de la Procuraduría General de la República, Eliana García, señaló que durante la Conferencia Nacional de Procuradores se abordará lo relativo a esta exhibición en medios, y se plantearán alternativas que disminuyan y erradiquen prácticas violatorias de derechos humanos. El relator por México, Rodrigo Escobar Gil, manifestó que es “inadmisible” la exhibición de personas en medios, y que no se disculpa ni porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no haya hecho al respecto ningún pronunciamiento ni por considerar que, como se propaga, favorece la cultura de la legalidad, o ayuda a la población a identificar sus presuntos agresores. Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, o Tlachinollan, Fundar y Cejil exigieron de nueva cuenta al Estado mexicano que elimine el fuero militar cuando intervenga en conflictos con personas civiles y militares que violenten derechos humanos, y que ya se modifique el Código de Justicia Militar, tal y como lo ordenó desde hace años la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto al Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas recientemente establecido, denunciaron su falta de operatividad y la inaplicación de la ley en la instancia encargada de salvaguardar la integridad de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

 

Asimismo, representantes de los pueblos indígenas rarámuris y tepehuanes de la Sierra Tarahumara se pronunciaron contra la construcción de megaproyectos en los territorios que habitan, en virtud de los daños ecológicos, la división que causan en sus comunidades, la alteración de su identidad, sus usos y costumbres, así como la falta de información y consulta pública de las que son objeto.

 

Lo desarrollado en las audiencias ante la CIDH es un reflejo general muy significativo de lo que acontece en México. Ante la falta de compromiso del Estado mexicano, respecto de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y el incremento de la impunidad y corrupción en la impartición de justicia, la sociedad y algunas organizaciones civiles han optado por activar contenciosamente los sistemas interamericano e internacional de protección de los derechos humanos. A la fecha, la falta de esta perspectiva en la política del gobierno ha conducido a que la Corte Interamericana emitiera ya en cinco sentencias contra México las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Ello no obstante, en una clara ausencia de voluntad política, el Estado no ha dado cabal cumplimiento a los fallos, y está muy alejado de la reparación del daño.

 

*Filósofo, sociólogo y teólogo; director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC